miércoles 5 de octubre de 2011

Campaña verde



Cuatro de los siete candidatos a presidente están a favor de la despenalización de la tenencia de drogas y el cultivo para consumo personal. Quienes están a favor y quienes en contra.

El pasado 7 de mayo un aluvión verde copó la Plaza Dos Congresos en el día de la “Marcha Mundial de la Marihuana”. Más de 15 mil personas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, en una columna que mezcló a usuarios, cultivadores, agrupaciones y diputados de centroizquierda en reclamo por la derogación de la tenencia simple como parte de la reforma a la ley de drogas.

El evento no sólo demostró que el debate por la despenalización dejó de ser un tabú, sino también que en pleno año electoral un sector de la sociedad le reclama a la clase política que se plante frente a la problemática. Entonces, ¿cuál es la postura de los que quieren ocupar el sillón de Rivadavia?

Cuatro de los siete candidatos a presidente están a favor de la despenalización de la tenencia de drogas y el cultivo para consumo personal. Este bando lo constituyen Cristina Fernández (Frente para la Victoria), Ricardo Alfonsín (UDESO), Hermes Binner (FAP) y Jorge Altamira (Frente de Izquierda). En cambio, en la otra vereda se paran Eduardo Duhalde (Unión Popular), Alberto Rodríguez Saá (Compromiso Federal) y Elisa Carrió (Coalición Cívica). Aunque todos están de acuerdo en combatir el narcotráfico como punto fundamental, los candidatos difieren en la consideración respecto a la tenencia de estupefacientes y se han expresado, directa o indirectamente, al respecto.

Cultivando derechos

A falta de entrevistas periodísticas o de conferencias de prensa, la postura de la presidenta se conoce solo a través de los anuncios de su gestión de gobierno o de los funcionarios que expresan la postura oficial. En este caso, la expresión de respaldo de Cristina a la despenalización de la tenencia simple se remonta al 2008, cuando Aníbal Fernández, siendo ministro de Justicia, ya pugnaba por reformar la legislación para dejar de perseguir penalmente a los usuarios de estupefacientes. "No me gusta que se condene al que tiene una adicción. Los que tienen que ser condenados son los que venden la sustancia", declaraba Cristina en lo que fue su primera -y única- manifestación sobre el tema.

De todos modos, las señales más claras vendrían de la mano del jefe de gabinete, quien se convertiría en el portavoz de la reforma a la ley de drogas 27.737. En su última visita al Senado, en mayo de este año, Aníbal dejó en claro su postura y hasta dio una clase sobre los mitos alrededor del consumo para “desactivar las mentiras a las que nos someten”. Y su expresión más reciente se dio a principios de julio, en la IX Jornada Nacional sobre Política de Drogas realizada en la Cámara de Diputados, cuando instó a “dejar de perseguir a los perejiles. No hagamos la estupidez de pensar que a la droga se la combate persiguiendo a pibes que andan con un porro”, resumió Fernández, antes de comprometerse a reformar la ley desde la banca que ocupará en el Senado si los votos lo acompañan.

Otras señales dejarían entrever la postura oficial desde el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja, tanto del proyecto de despenalización de Diana Conti que posee una mirada tendiente al uso medicinal -presentado en 2008 y ahora vuelto a presentar- como la iniciativa similar de Adriana Puiggrós actualmente en discusión.

O, por impulso del Ejecutivo, la incorporación de equipos de salud comunitaria de atención en 600 Centros de Integración Comunitaria (CIC) para la atención de las adicciones y la prevención. Desde el ministerio de Salud se considera que es “inédito” que una política en adicciones comience con la atención de las personas y no con su persecución.

Además, tras el fallo de la Corte Suprema que determinó que es inconstitucional penalizar la tenencia de drogas para consumo personal, el acercamiento entre el juez Raúl Zaffaroni, defensor de la despenalización, y el gobierno nacional también puede leerse como un “guiño” hacia quienes pelean para que se termine con las detenciones, la discriminación y el maltrato a los usuarios y cultivadores.

Según la visión electoralista de las cosas, la despenalización del consumo iría en búsqueda de los sectores progresistas identificados con la medida, tal como sucedió con el matrimonio igualitario. En este panorama, poco espacio hay para José Ramón Granero, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), activo opositor de la despenalización y enemigo interno del ministro de ministros. Tanto es así que, hace un año, Granero dijo que en cuanto la presidenta dé explícitamente el OK a la despenalización, él presentaría su renuncia. “Estamos esperando a que llegue el telegrama”, ironizó un militante de la cultura cannabica conocedor de los trasfondos políticos del debate.

La postura de Ricardo Alfonsín, candidato a presidente de la UDESO, también es a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. “Una sociedad democrática debe garantizar a cada persona la libertad necesaria para llevar adelante su plan de vida, aun cuando sea contrario a las preferencias sociales dominantes”, sostiene en dialogo con la asociación Intercambios, ONG que presentó un informe con la opinión de doce candidatos sobre el tema.

De hecho, el radical presentó un proyecto junto a Ricardo Gil Lavedra y otros diputados de distintos bloques, que propone algunas modificaciones adicionales centradas en dos puntos: separar la intervención sanitaria del proceso penal y atender la situación de las “mulas”, consideradas el eslabón más vulnerable de las cadenas de tráfico.

“Tras 20 años de penar a los consumidores, tanto el tráfico como el consumo de estupefacientes siguen siendo un problema, lo que parece demostrar que la ley vigente no ha logrado su objetivo. Prohibir la tenencia de estupefacientes, no termina con el consumo, ni resuelve el problema del adicto”, fundamenta Alfonsín.

Alcira Argumedo, candidata de Proyecto Sur que no llegó al piso electoral, y el socialista Hermes Binner, postulante a la primera magistratura por el FAP, caminan en la misma senda aunque las discusiones por las listas los haya divorciado. Binner, por su formación en el ámbito de la medicina, considera que "la primera definición es decidir si el consumidor es una víctima o un victimario”, por lo tanto, si se trata de “una víctima hay que ayudarla antes que condenarla".

Incluso, la diputada Victoria Donda, una de las principales impulsoras de la ley en el Congreso, ocupa el tercer lugar de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires del FAP y se comprometió a continuar impulsando el tratamiento del tema. Lo mismo ocurre con el GEN, cuya titular, Margarita Stolbizer, compite por la gobernación bonaerense bajo el ala del santafecino.

Según sus argumentos, de 12 mil causas anuales por infracción a la ley de drogas, solo el 3% son por narcotráfico, mientras que el restante 97% son por consumo personal o por tenencia simple. “Se están violando el art. 19 de nuestra Constitución y además el principio de inocencia, porque las personas detenidas son detenidas simplemente por tener en su poder una sustancia ilegal, y una vez que se les inicio el proceso penal deben demostrar que son inocentes”, manifiesta la legisladora de Libres del Sur. Este año, el debate sobre la despenalización se inició en las comisiones de DD.HH, que Donda preside, y de Prevención de Adicciones, aunque la parálisis que sufre el Congreso por tratarse de un año electoral impidió avanzar en su discusión.

El candidato a presidente del Frente de Izquierda, Jorge Altamira, también apoya a los proyectos que defienden los usuarios y cultivadores de cannabis sativa. “El concepto de consumidor no da cuenta del flagelo de la drogadicción, ni el consumidor es tampoco la causa ni el responsable de ella. La represión del consumo fortalece a los aparatos de estado y para estatales que protegen y promueven el comercio de drogas dañinas”, sostiene el dirigente del Partido Obrero.

Señales de humo

Del otro bando, el principal detractor de la despenalización de la tenencia es el candidato de Unión Popular, el caudillo bonaerense Eduardo Duhalde. Además de sus expresiones mediáticas, el ex presidente interino tiene una larga lista de libros publicados en los que hace referencia a la temática. La asociación civil Intercambios desglosó cada una de sus ediciones para hilar fino sobre su postura con respecto al tema.

En su última publicación, “Es hora que me escuchen. El peligro de los narco estados”, además del flagrante dequeísmo en el título, Duhalde asegura que la condena de la tenencia de estupefacientes es “racional”, porque “no se puede tener o poseer aquello que la ley impide producir, fabricar, exporta, importar, comercializar, etc.”. Y en su libro “Los políticos y las drogas” el ex gobernador llega a afirmar, en una llamativa interpretación de la normativa, que “la ley vigente no penaliza el consumo”.

En cambio, el candidato de UP llama a endurecer la legislación contra el narcotráfico y hasta propone la implantación de la pena de muerte para toda persona involucrada en el negocio de los estupefacientes “y que a sabiendas mata o aconseja, ordena o hace que se produzca la muerte de un individuo con el fin de implantar, desarrollar, mantener ocultas sus actividades criminales relacionadas con la drogas”.

Una expresión de la dura postura del duhaldismo lo encarna el proyecto que la diputada Graciela Camaño presentó el 29 de junio de este año. A contramano de las otras iniciativas, propone aumentar las penas en los casos de tenencia. Para el cultivo de marihuana, por ejemplo, establece un castigo de 8 a 20 años de prisión y una multa de 500 mil a 10 millones de pesos. Y escarmienta con dureza la tenencia simple: prisión de tres a seis años y multa entre 50 y 200 mil pesos, más pena accesoria de trabajo social o en obras públicas durante el mismo lapso, a quien tuviere en su poder algún tipo de estupefacientes. Una verdadera marcha atrás en la política de drogas.

En torno al candidato de la UP, se ha manifestado también la senadora Hilda González de Duhalde, quien cree que “la pobreza combinada con la drogadicción es una combinación explosiva”. “Tenemos que tratar de ayudar a hacer mucha prevención y no generar posibilidades que aumente el consumo”, opina.

Por su parte, la candidata de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostiene que “no están dadas las condiciones” para avanzar en la despenalización de la tenencia de drogas para consumo ni cultivo personal. Carrió tiene miedo de que “la despenalización se traduzca en una expansión de la oferta y la demanda de drogas”, por lo que asegura que antes el Estado debe “mejorar las políticas de lucha contra la delincuencia organizada, los programas de prevención y tratamiento de las adicciones y los programas de capacitación de docentes”.

En tanto, Alberto Rodríguez Saá, de Compromiso Federal, prefiere dejar el tema en manos de la ciencia médica y opinar que “la clave es combatir el narcotráfico”. Y aunque le gusta jactarse de su doble faceta de artista y político, el puntano aclara: “Lo único que no hago es provocar la locura usando algún tipo de drogas. No necesito drogas: soy loco natural”.

A días de las elecciones generales, el debate sobre la despenalización de la tenencia y el cultivo para consumo personal pugna por ocupar un tímido lugar en la agenda y despegarse de los postulados que lo califican de “piantavotos”. Lo cierto es que la Corte hace dos años dejó en claro, mediante el fallo Arriola, que es inconstitucional la norma que sanciona penalmente la tenencia por ser incompatible con el principio protector de las acciones privadas. Y aunque la clase política deje pendiente su discusión para después del temblor del año electoral, una parte de la sociedad ya dejó su mensaje en las escalinatas del Congreso: Hasta la victoria, siembre.

Una agenda de vanguardia

En el marco de la IX Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, realizada en el Anexo de la Cámara baja, la socióloga brasilera Vera Malaguti Batista aseguró que la Argentina tiene una “agenda de vanguardia” en cuanto a política de drogas.

Malaguti Batista, quien es profesora de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), dijo que la discusión está “más calificada y más avanzada” que en su país. “Argentina no está en el paradigma bélico, ni tiene una política de seguridad pública como tenemos en Brasil. En cambio, tiene una agenda de vanguardia porque junta cuestiones de libertad individual, como es el consumo de drogas, con cuestiones políticas más profundas, como la seguridad y la salud”, le dijo a NCN.

En tanto, la especialista indicó que el año pasado “desaparecieron” cerca de 5 mil personas en Río de Janeiro y hubo más de 2 mil muertos por la policía en la avanzada contra las drogas, de mano de una legitimación de los “escuadrones de la muerte”. “La política de drogas es un fracaso, pero el poder punitivo instalado es un éxito. El Estado policial todo puede hacer en las favelas”, denunció la autora de “Difíciles ganancias fáciles: las drogas y los jóvenes pobres en Río de Janeiro”.

Asimismo, la socióloga señaló a los medios como “el gran problema”. “Sobre el asunto drogas se produce una seria saturación que es funcional a la profundización del problema. Se instala el miedo en la ciudad: cuando uno tiene campañas de pánico social siempre nos hacen más conservadores, pedimos penas más duras, más policías”, sostuvo.

“Esta ley de drogas expande el narcotráfico”

Para Sebastián Basalo, director de la revista THC, la despenalización de la tenencia simple “todavía no se terminó de instalar en la campaña como una necesidad que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos a casi 30 años de haber retomado la democracia”. En cambio, lo que sí se está instalando es el problema del narcotráfico, “que no hizo más que expandirse gracias a esta ley de drogas”, según Basalo.

“Si tenemos una ley de drogas que expande el narcotráfico, que promueve el consumo de drogas y eleva a la Argentina a los índices más altos de consumo; todo esto tiene que ver con la despenalización, porque es la herramienta para poder combatir estos problemas”, indica el director de la revista de la cultura cannabica en dialogo con NCN. “Es una vía por la cual se está instalando el tema”, agrega quien protagonizó una pelea televisiva con Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas.

Por otra parte, Basalo destaca que una candidata a diputada como Victoria Donda, “haya transformado la despenalización de la tenencia de drogas en uno de los ejes de su campaña, está haciendo que un montón de candidatos deban pronunciarse acerca de este tema".

Con respecto a la postura del Ejecutivo, el director de la THC dijo que es “interesante” que en el seno de un gobierno se pueda dar esa discusión, más que nada a partir de la postura de Aníbal Fernández quien dijera que, de asumir como senador, iba a promover la reforma de esta ley de drogas. “Estamos en un proceso de avance de esa discusión y creo que son cada vez más los integrantes del gobierno que tomaron una postura a favor de la despenalización”, sostiene Basalo, tras citar al gobernador Daniel Scioli como el máximo detractor dentro de las filas K.

Un debate “colgado”

En los despachos de la Cámara baja, la discusión gira en torno a la letra chica de los siete textos presentados.

Hay seis proyectos que proponen que se siga deteniendo a cualquier persona por tener drogas y que se los libere recién al final del proceso penal, cuando quede demostrada su inocencia. En cambio, el texto de Victoria Donda quiere despenalizar la tenencia de drogas, en sintonía con el fallo Arriola de la Corte Suprema, de esa manera podría evitarse el trámite judicial.

Pero los pactos electorales modificaron el panorama. De esto seis proyectos presentados, hay cuatro que ya confirmaron que van a ir a favor de despenalizar la tenencia simple. Es el caso de los proyectos del GEN y del Socialismo que tras unirse en el Frente Amplio Progresista consensuaron estos puntos y se alinearon detrás del texto de Donda. Las negociaciones también avanzaron con respecto al autocultivo y hay acuerdo entre los legisladores de dictaminar en función de su despenalización.

Según fuentes calificadas, en cuanto a la postura del Ejecutivo, es difícil que en medio de la campaña electoral el gobierno se manifieste abiertamente a favor de la despenalización de la tenencia simple. Recién cuando se defina la letra chica, el gobierno va a acompañar el proyecto, tal como reaccionó frente al matrimonio igualitario: acompañando un dictamen ya consensuado.